17-03-02
El PSOE denuncia que algunos contratos de suministros llevan más de seis meses caducados.

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Los ediles socialistas destacan de la ilegalidad de los pagos y de la situación general.

Diez: “Es imposible determinar si se trata de desidia, impericia o voluntad de continuar con la irregularidad”.

El Grupo Municipal de León denuncia que algunos de los contratos de de suministros básicos del Ayuntamiento de León llevan más de seis meses caducados lo que genera un total ilegalidad en el pago de las cuantías que se está llevando a cabo.

Los ediles destacan que esta situación no es nueva ni afecta solo a los suministros básicos de luz, calefacción o combustible si no que se repite en la gestión de los alimentos para las guarderías o la residencia de ancianos.

“El servicio de Intervención Municipal lleva meses alertando de la situación irregular de decenas de pagos de facturas que no corresponden a ningún contrato, un  hecho que, desde el PSOE, ya denunciamos al poco tiempo de tomar posesión el alcalde que repetía los cuatro años de gestión anterior de sus compañeros. Los contratos van finalizando y por falta de capacidad de gestión o de voluntad para regularizar las cosas se siguen pagando las facturas sin un soporte legal”, explica el portavoz José Antonio Diez.

Los informes de Intervención Municipal han pasado de la mera advertencia de irregularidad a la constatación de la ilegalidad patente, pero no repara la factura ya que, según explica el técnico, debe abonarse porque en caso contrario el Ayuntamiento incurriría en un enriquecimiento ilícito por el impago de un suministro recibido.

La demora en la gestión de nuevos contratos y la prórroga tácita de los antiguos, a beneficio de las empresas adjudicatarias, es una norma habitual en la gestión del PP. Por ejemplo, el contrato del suministro eléctrico para los edificios municipales se cerró el pasado mes de agosto de 2016, tras el año de prórroga contemplado. No fue hasta semanas después que se comenzó su tramitación y, según los plazos legales no se prevé que se produzca una nueva adjudicación hasta el mes de mayo, casi 10 meses después del plazo legal establecido. La cuantía anual supera los 3 millones de euros.

“Es imposible con la información que nosotros tenemos saber si se trata de dejadez, de impericia o de voluntad clara de retrasar las adjudicaciones, lo que está claro es que nos encontramos ante una nefasta forma de proceder que perjudica a los leoneses y a las arcas municipales”, precisa Diez.


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