17-01-24
La Junta y el Procurador del Común refuerzan la atención a las personas más vulnerables.

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El Gobierno autonómico y el Procurador del Común firman un convenio para mejorar la información que comparten y reforzar la protección del ejercicio del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que asiste a todos los castellanos y leoneses en situación de exclusión y precariedad, así como los mecanismos de seguimiento y control. La Renta de Ciudadanía garantiza las necesidades básicas de subsistencia de miles de personas y familias de Castilla y León, las que peor lo están pasando por la crisis, y gracias a la última reforma de 2016 llegará también a aquellas familias sin especiales necesidades de inclusión social, que se han visto inmersas en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos de la crisis económica, así como a quienes, aun trabajando, obtienen unos ingresos insuficientes para atender esas necesidades. Durante 2016, fueron 38.560 los beneficiarios de esta prestación, 1.000 más que en 2015. La Renta Garantizada de Ciudadanía persigue también la inserción sociolaboral de las personas y 4.245 perceptores tuvieron trabajo en 2016.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el Procurador del Común, Javier Amoedo, han firmado un convenio de colaboración para la coordinación de actuaciones en materia de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Tras agradecer al Procurador del Común su disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta para reforzar la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos, Alicia García ha asegurado que este convenio va a servir para seguir mejorando una prestación esencial como la Renta Garantizada de Ciudadanía, enmarcada en la Red de Protección. El convenio responde al compromiso recogido en los acuerdos adoptados en el marco Diálogo Social, de 27 de enero de 2016 que derivan, a su vez, de la prioridad de la Junta de Castilla y León otorga a las políticas sociales que apoyan a las personas y familias que peor lo están pasando.

Refuerzo a las medidas de protección a las personas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que en esos acuerdos se alcanzó el compromiso de ampliar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección. Para ello, en abril de 2016, se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red de Protección que, en diciembre, se convirtió en Ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Esto hace posible la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones y garantiza las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.

Alicia García ha recordado que se han incorporado medidas planteadas por el Procurador del Común para felxibilizar el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección para garantizar las necesidades básicas de subsistencia. Los acuerdos también recogían el compromiso de mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, por lo que hoy se ha firmado este convenio.

Coordinación de actuaciones

El objeto del convenio firmado entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Procurador del Común es el establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación para coordinar las actuaciones en materia de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales integradas en la Red de Protección a las familias y personas de Castilla y León afectadas por la crisis.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, creando así un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador.

Por su parte, el Procurador del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo.

Datos de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía en 2016

El trabajo de la Junta por las familias y personas más vulnerables tuvo, con el inicio de la crisis, su más inmediato reflejo en la creación, en 2013, de la Red de Protección a las familias y personas afectadas por la crisis, que ha ofrecido respuestas concretas y urgentes a las necesidades de una media de 180.000 castellanos y leoneses al año, a través de 23 programas y 300 agentes, con un gasto, en 2016, cercano a los 180 millones de euros.

En 2016, fueron 38.560 los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.000 más que en 2015. Esta Renta contó con una dotación presupuestaria, en 2016, de 76,5 millones de euros, 3,5 millones de euros más que en 2015. Alicia García ha destacado el esfuerzo presupuestario, fácilmente constatable si tenemos en cuenta que, en 2011, se destinaban 27 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 183 % Este esfuerzo ha permitido beneficiar, desde su puesta en marcha, a más de 66.000 castellanos y leoneses.

Alicia García ha señalado que la Renta Garantizada de Ciudadanía persigue, no solo garantizar unos ingresos mínimos, sino también la inserción sociolaboral de las personas. 4.245 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía tuvieron trabajo en 2016 -3.080, en 2015-. De ellos, 1.200 lo hicieron gracias a los planes de empleo de la Junta, especialmente el Plan de Empleo Local.

El perfil del perceptor de la RGC corresponde, mayoritariamente, a una mujer -58,09 % eran mujeres frente al 41,9 % hombres-, que vive en el medio urbano -el 62,5 % de los titulares residen en medio urbano-, de entre 25 y 45 años -53,12 % de los titulares estaban en esta franja de edad-, con cargas familiares -58,8 % tiene familiares a su cargo frente al 41,1 % de los casos en los que el titular es beneficiario único-, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española -el 12,03 % eran extranjeros-.


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