16-10-30
El consejero de Empleo solicita una estrategia nacional y europea para abordar los desafíos demográficos.

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Las ocho comunidades autónomas que componen el ‘Foro de Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos’ trasladarán a los representantes del Parlamento Europeo la necesidad de una estrategia amplia de la Unión Europea para abordar el envejecimiento, la escasez de jóvenes y baja natalidad, así como los fenómenos de pérdida de población, de una forma integrada y coordinada para una mayor eficacia. El problema de los desafíos demográficos afecta al conjunto de la UE y de España, por lo que es necesaria una estrategia europea y nacional y su inclusión en el modelo de financiación autonómica.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha solicitado una estrategia de la Unión Europea y de España para afrontar los cambios demográficos durante la reunión del ‘Foro de Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos’ (FREDD), celebrado hoy en Cuenca, a la que han asistido los eurodiputados que representan a las comunidades autónomas que constituyen este foro: Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja, con el objetivo de trasladar al Parlamento Europeo la necesidad de una respuesta europea para abordar retos demográficos como el envejecimiento, la escasez de jóvenes y la baja natalidad. 

La necesidad de una Estrategia Europea en materia demográfica debe ser impulsada por las instituciones de la Unión Europea, dotada con un presupuesto y diferentes instrumentos de financiación ante el problema demográfico común de todo el continente.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió el dictamen de iniciativa ‘La respuesta de la Unión Europea al reto demográfico’ el pasado 16 de junio ante el Comité de las Regiones, en el que sostuvo que se trata de uno de los grandes problemas silenciosos de Europa, en donde el envejecimiento de la población es el indicador más evidente.

Por otra parte, durante el encuentro de hoy de los responsables autonómicos, se ha analizado la necesidad de poner en marcha políticas integradoras más allá de la Política de Cohesión Europea o la Política Agraria Comunitaria, que sirvan para favorecer a los colectivos de jóvenes, las familias, el impulso a la conciliación de la vida profesional con la familiar, la asistencia a las personas de mayor edad, la atracción e integración de inmigrantes y el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, así como la mejora del transporte y la movilidad de las personas. Además de la puesta en marcha de una Estrategia Europea que afronte estos retos demográficos, se ha trasladado la necesidad de que haya un presupuesto europeo y medidas de financiación que soporten el impulso de estas acciones de política demográfica.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León establece como una prioridad la lucha contra la despoblación. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fija que el trabajo contra la despoblación es un principio rector de todos los poderes públicos y no solo de la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico está trabajando para lograr un gran pacto de Comunidad en materia demográfica con el conjunto de administraciones territoriales y grupos parlamentarios.

Este acuerdo sería la base que establecería el compromiso de todos en la lucha contra la despoblación y permitiría, desde el consenso y la participación a través del Consejo de Políticas Demográficas, revisar las medidas de la Agenda para la Población que actualmente incluye exclusivamente las desarrolladas desde la Junta de Castilla y León.

Retos demográficos en España

En la anterior reunión del FREDD, celebrada en Santiago de Compostela el pasado 6 de junio, se estableció la necesidad de que el Gobierno de España diese un mayor peso a los aspectos demográficos y sociales de cada comunidad autónoma en el sistema de financiación autonómica, con el objetivo de garantizar el acceso en igualdad a los servicios, independientemente del lugar de residencia. Se planteó también la creación de un fondo de cohesión demográfica que valore el coste del envejecimiento, ponderando la población mayor de 65, de 80 y de 85 años y el mayor coste de los servicios por la dispersión en el territorio, así como el coste de poner en marcha políticas para frenar el declive demográfico.


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